RECONOCEN LAS ONGs EL
AUMENTO DE IMPUESTOS SALUDABLES;
Y RECHAZAN LA INTERACCION
DEL GOBIERNO CON INDUSTRIAS
*Advierten
sobre el riesgo de que estas medidas sean cooptadas por la industria de
productos nocivos para la salud
Luego
de que las Senadoras y los Senadores aprobaron la reforma a la Ley de Impuestos
Especiales sobre Producción y Servicios dentro de los que incluye el impuesto a
bebidas azucaradas y tabaco, representantes de la sociedad civil reconocieron
el aumento de impuestos saludables y lamentaron que no fueron incluidas las
bebidas alcohólicas, además de que rechazaron la interacción del gobierno con
las industrias.
Alejandro
Calvillo, director de El Poder del Consumidor, luego de la aprobación de la Ley
del IEPS mencionó: "Los impuestos saludables son una de las medidas
progresivas más costo-efectivas para reducir los daños causados por el consumo
de bebidas saborizadas, productos ultraprocesados, alcohol y tabaco. Están
diseñados para proteger el bienestar colectivo al prevenir el consumo de
productos que se han convertido ya en las principales causas de enfermedad,
discapacidad y muerte prematura en nuestro país. No obstante, advirtió sobre el
riesgo de que estas medidas sean cooptadas por la industria de productos
nocivos para la salud, dado que, en acciones pasadas de carácter similar, el
resultado de esta cooperación ha beneficiado a unos cuantos y puesto en riesgo
la salud de millones de personas en México”.
Al
mismo tiempo, subrayó que, a pesar del avance significativo que esta medida
representa para la salud de la población mexicana, persisten pendientes
cruciales para asegurar un efecto sostenible. Estos incluyen: Alinearse a
recomendaciones internacionales del 20% de impuestos especiales a las bebidas
azucaradas, la garantía presupuestaria destinada a la salud pública del país y
la imposición de impuestos a otros productos, como el alcohol, que estuvieron
ausentes en la propuesta aprobada. Por lo que hizo un llamado enérgico a las
distintas dependencias del Poder Ejecutivo y a ambas Cámaras del Poder
Legislativo para que incluyan en su agenda de trabajo las medidas pendientes
antes mencionadas e implementen de carácter progresivo que protejan el interés
público por encima de los intereses comerciales.
Por
su parte, Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx señaló: "Nadie
niega la importancia estratégica de aumentar los impuestos a productos de
tabaco y bebidas azucaradas, especialmente con la defensa desde la Presidencia
de la República y la Secretaría de Hacienda. Es sin duda, un triunfo para la
salud pública de México. Sin embargo, mantenemos nuestras preocupaciones sobre
las interacciones con las industrias, con la imposibilidad de aumentar los
impuestos a bebidas alcohólicas, además de la legalización fiscal de los productos
de nicotina sin un marco regulatorio fuerte, que es fundamental. Como
organizaciones civiles haremos evaluaciones independientes sobre los progresos
de la política fiscal aprobada, sin dejar de señalar sus oportunidades de
mejora”.
LA MAYOR AMENAZA PARA LA SALUD PUBLICA
Paulina
Magaña, integrante de la Alianza Por la Salud Alimentaria (ASA) hizo hincapié
en que: "El alto consumo de bebidas azucaradas en México constituye una de
las mayores amenazas para la salud pública del país. Este hábito provoca más de
230 mil nuevos casos cada año de diabetes y enfermedades cardiovasculares,
además de alrededor de 46 mil muertes atribuibles directamente a su consumo.
Estas cifras reflejan el profundo impacto que tienen las bebidas azucaradas en
la salud de la población mexicana, al contribuir de manera significativa al
desarrollo de enfermedades crónicas que deterioran la calidad de vida y generan
una carga insostenible para el sistema de salud y el bolsillo de las familias.”
Al mismo tiempo, reiteró el llamado a las y los legisladores, así como a los
funcionarios del Poder Ejecutivo, instándoles a gravar este tipo de productos
de acuerdo con las recomendaciones del 20% establecidas por organismos
internacionales de salud. Dijo: “El objetivo es claro: lograr un impacto
significativo y efectivo en la reducción del consumo de dichos productos,
protegiendo la salud y el bienestar de la población”.
En
relación con los costos asociados al consumo de productos nocivos para la
salud, Iván Benumea, coordinador del Programa de Justicia Fiscal en FUNDAR,
Centro de Análisis e Investigación, señaló: "Con la aprobación de los
incrementos a los impuestos a las bebidas azucaradas y el tabaco, el Congreso
dará un paso fundamental para proteger la salud pública. Sin embargo, aún es
necesario fortalecer los impuestos saludables para que estos mecanismos
contribuyan significativamente a evitar el bloqueo de nuestro sistema de salud.
Solo el costo de la obesidad y el sobrepeso pérdidas para la economía nacional
de 600 mil millones de pesos, lo que equivale a dos terceras partes de los
programas sociales prioritarios. Nuestro sistema fiscal aún tiene margen para
incrementar los impuestos al alcohol, tabaco, bebidas azucaradas y comida
chatarra conforme a los estándares Internacionales y la recaudación debería
etiquetarse de manera transparente a favor del IMSS-Bienestar. También, resulta
fundamental reformar el impuesto a las ganancias de estas industrias para
evitar que continúen recibiendo beneficios fiscales y deduciendo conceptos como
las concesiones de agua y los gastos en. publicidad y marketing”.
En
tanto, Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA) señaló:
“Alzamos la voz ante la falta de voluntad política para aprobar el impuesto al
alcohol, una medida que la evidencia científica respalda como una de las más
efectivas para reducir el consumo nocivo y prevenir enfermedades, accidentes y
muertes” y agregó: “México perdió una oportunidad histórica al no incluir esta
medida en el paquete fiscal. Una modificación a la ley del IEPS que estableció
una cuota específica por mililitro de alcohol puro de 35.421 centavos para la
cerveza, 68.477 centavos para fermentados y 61.393 centavos para destilados,
podrían reducir el consumo de bebidas alcohólicas en un 37%, generando
simultáneamente una recaudación fiscal de hasta 105 mil millones de pesos”.

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