LA MALA CALIDAD DEL AIRE CAUSO LA MUERTE DE 17 MIL PERSONAS
*El Observatorio trabajará en el seguimiento de tres ejes: redes
de monitoreo, normatividad, y gestión vehicular y del territorio
*Urge que las autoridades competentes refuercen las medidas
encaminadas al mejoramiento de la calidad del aire
El Poder del Consumidor, El Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), El Instituto de Políticas para el Transporte y
Desarrollo (ITDP), Greenpeace, El Centro Mexicano de Derecho Ambiental,
Bicitekas y Fundación Tláloc dieron a conocer en conferencia de prensa el Observatorio
Ciudadano de Calidad del Aire, cuyo objetivo será evaluar la política
pública que incide en la calidad del aire y promover políticas que garanticen
el derecho a un aire limpio.
De acuerdo con los estudios del Instituto Nacional de Salud
Pública (INSP), en México se estimaron
17 mil muertes asociadas a la calidad del aire en el año 2010, lo que hace
urgente que las autoridades competentes refuercen las políticas públicas
y medidas encaminadas al mejoramiento de la calidad del aire, incluyendo la Ley
General de Gestión de la Calidad del Aire, la Estrategia Nacional de Calidad
del Aire y el PROAIRE Megalopolitano, todos pendientes de publicar.
Es importante mencionar que México ratificó, a través del Senado,
el Acuerdo de París, donde el gobierno federal se compromete a “aumentar los flujos financieros para apoyar
la transformación hacia sociedades resilientes y economías bajas en carbono”.
Trabajar por un aire limpio nos convierte en una sociedad más resiliente.
Las organizaciones civiles que integran el observatorio plantean
un trabajo de seguimiento en tres ejes: redes de monitoreo, normatividad, y
gestión vehicular y del territorio.
Monitoreo: Reforzar la implementación y el
fortalecimiento de las redes de monitoreo de acuerdo a Ley General de
Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y a la NOM-156.
Aumentar la capacitación técnica para el mantenimiento, operación
y ubicación de las estaciones de monitoreo.
Comunicación de la información de la calidad del aire. Hay
riesgos no comunicados a la población por falta de datos en tiempo real en
varias redes de monitoreo del país.
Normatividad: Publicación de la norma técnica de
medición de partículas PM2.5 y PM10
Publicación de la Norma del Índice Nacional de Calidad del Aire y
Riesgos a la Salud.
Actualización de las normas: NOM-021 (monóxido de carbono).
NOM-022 (dióxido de azufre) cuyo límite permisible de
contaminación en promedio de 24 horas es casi 16 veces el límite recomendado de
salud de la OMS. NOM-023 (dióxido de nitrógeno).
Publicar la norma para que se establezcan los límites de
concentraciones de los contaminantes BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y
xileno). Publicar NOM-044, que regula las emisiones contaminantes de los
vehículos pesados, cuyo proceso de actualización inició en 2014 y no ha
concluido.
Actualización de la NOM-042, que regula las emisiones
contaminantes de los vehículos ligeros, con más de 10 años sin ser actualizada.
Actualización de la NOM-163 que establece las metas de rendimiento
promedio corporativo de la flota ligera. Inclusión de PM2.5 en el programa de
contingencias, se requiere, de manera urgente, incluir el criterio de
activación de contingencias a la fracción 2.5 del material particulado.
Revisar la norma de combustible NOM-016-CRE que resultó sumamente
laxa en los límites de contenido de azufre en gasolinas automotrices.
GESTION VEHICULAR Y TERRITORIAL
Revertir la tendencia presupuestaria de seguir invirtiendo
mayoritariamente en infraestructura para el automóvil particular y marginar el
desarrollo del transporte público y la movilidad no motorizada.
Desarrollo de sistemas integrados de transporte público seguro y
de calidad como una de las estrategias más efectivas para descender los niveles
de contaminación, de saturación vial y de recuperación del espacio público.
Evaluación de las políticas para desincentivar el uso del
automóvil y favorecer el transporte público.
Impuestos verdes: Incluir un cobro por congestión en las zonas
urbanas del país que padezcan el colapso vial como está asentado en la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México es urgente
publicar el reglamento para que esta ley se empiece a aplicar.
Asignar recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017
al P-007 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Crear un Fondo de Inversión en Movilidad Urbana Sustentable que
complemente al Programa Federal de Apoyo al Transporte Urbano Masivo (PROTRAM)
con movilidad no motorizada, tarificación, gestión de datos, entre otros, y
tenga sus propias reglas de operación.
Apoyar la promoción de la movilidad sustentable y no motorizada a
través de campañas de comunicación.
Expandir y revisar la eficiencia del proceso de verificación
vehicular, a pesar de los beneficios de contar con este instrumento,
actualmente se reduce a 16 estados del país.
Reformar las leyes de coordinación fiscal, general de
asentamientos humanos y reglas de operación de fondos federales para incentivar
y regular los acuerdos metropolitanos en movilidad, impidiendo decisiones
unilaterales e injustificadas de inversión en infraestructura y garantizando
recursos multianuales para planeación y capacidad técnica. Priorizando con ello
la política del desarrollo orientado al transporte.
Robustecer el tema de calidad del aire en la actual propuesta de
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, promovida en el Senado.
El Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire realizará
informes de forma periódica para dar reportar el avance de sus propuestas, así
como el incumplimiento de la normatividad cuando esta ocurra, esto con el fin
de poder cumplir sus objetivos.
