LA MALA CALIDAD DEL AIRE CAUSO LA MUERTE DE 17 MIL PERSONAS

*El Observatorio trabajará en el seguimiento de tres ejes: redes de monitoreo, normatividad, y gestión vehicular y del territorio

*Urge que las autoridades competentes refuercen las medidas encaminadas al mejoramiento de la calidad del aire

El Poder del Consumidor, El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), El Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP), Greenpeace, El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Bicitekas y Fundación Tláloc dieron a conocer en conferencia de prensa el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, cuyo objetivo será evaluar la política pública que incide en la calidad del aire y promover políticas que garanticen el derecho a un aire limpio.

De acuerdo con los estudios del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en México se estimaron 17 mil muertes asociadas a la calidad del aire en el año 2010, lo que hace urgente que las autoridades competentes refuercen las políticas públicas y medidas encaminadas al mejoramiento de la calidad del aire, incluyendo la Ley General de Gestión de la Calidad del Aire, la Estrategia Nacional de Calidad del Aire y el PROAIRE Megalopolitano, todos pendientes de publicar.

Es importante mencionar que México ratificó, a través del Senado, el Acuerdo de París, donde el gobierno federal se compromete a “aumentar los flujos financieros para apoyar la transformación hacia sociedades resilientes y economías bajas en carbono”. Trabajar por un aire limpio nos convierte en una sociedad más resiliente.

Las organizaciones civiles que integran el observatorio plantean un trabajo de seguimiento en tres ejes: redes de monitoreo, normatividad, y gestión vehicular y del territorio.

Monitoreo: Reforzar la implementación y el fortalecimiento de las redes de monitoreo de acuerdo a Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y a la NOM-156.

Aumentar la capacitación técnica para el mantenimiento, operación y ubicación de las estaciones de monitoreo.

Comunicación de la información de la calidad del aire. Hay riesgos no comunicados a la población por falta de datos en tiempo real en varias redes de monitoreo del país.

Normatividad: Publicación de la norma técnica de medición de partículas PM2.5 y PM10

Publicación de la Norma del Índice Nacional de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud.

Actualización de las normas: NOM-021 (monóxido de carbono).

NOM-022 (dióxido de azufre) cuyo límite permisible de contaminación en promedio de 24 horas es casi 16 veces el límite recomendado de salud de la OMS. NOM-023 (dióxido de nitrógeno).

Publicar la norma para que se establezcan los límites de concentraciones de los contaminantes BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno). Publicar NOM-044, que regula las emisiones contaminantes de los vehículos pesados, cuyo proceso de actualización inició en 2014 y no ha concluido.

Actualización de la NOM-042, que regula las emisiones contaminantes de los vehículos ligeros, con más de 10 años sin ser actualizada.

Actualización de la NOM-163 que establece las metas de rendimiento promedio corporativo de la flota ligera. Inclusión de PM2.5 en el programa de contingencias, se requiere, de manera urgente, incluir el criterio de activación de contingencias a la fracción 2.5 del material particulado.

Revisar la norma de combustible NOM-016-CRE que resultó sumamente laxa en los límites de contenido de azufre en gasolinas automotrices.

GESTION VEHICULAR Y TERRITORIAL

Revertir la tendencia presupuestaria de seguir invirtiendo mayoritariamente en infraestructura para el automóvil particular y marginar el desarrollo del transporte público y la movilidad no motorizada.

Desarrollo de sistemas integrados de transporte público seguro y de calidad como una de las estrategias más efectivas para descender los niveles de contaminación, de saturación vial y de recuperación del espacio público.

Evaluación de las políticas para desincentivar el uso del automóvil y favorecer el transporte público.

Impuestos verdes: Incluir un cobro por congestión en las zonas urbanas del país que padezcan el colapso vial como está asentado en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México es urgente publicar el reglamento para que esta ley se empiece a aplicar.

Asignar recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 al P-007 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Crear un Fondo de Inversión en Movilidad Urbana Sustentable que complemente al Programa Federal de Apoyo al Transporte Urbano Masivo (PROTRAM) con movilidad no motorizada, tarificación, gestión de datos, entre otros, y tenga sus propias reglas de operación.

Apoyar la promoción de la movilidad sustentable y no motorizada a través de campañas de comunicación.

Expandir y revisar la eficiencia del proceso de verificación vehicular, a pesar de los beneficios de contar con este instrumento, actualmente se reduce a 16 estados del país.

Reformar las leyes de coordinación fiscal, general de asentamientos humanos y reglas de operación de fondos federales para incentivar y regular los acuerdos metropolitanos en movilidad, impidiendo decisiones unilaterales e injustificadas de inversión en infraestructura y garantizando recursos multianuales para planeación y capacidad técnica. Priorizando con ello la política del desarrollo orientado al transporte.

Robustecer el tema de calidad del aire en la actual propuesta de Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, promovida en el Senado.

El Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire realizará informes de forma periódica para dar reportar el avance de sus propuestas, así como el incumplimiento de la normatividad cuando esta ocurra, esto con el fin de poder cumplir sus objetivos.