FRENTE A LA POBREZA: UN
PUNTO DEL PIB POR IGUALDAD EN SALUD
*El PEF 2021 no permite contener la pandemia,
ni atender las epidemias de diabetes, hipertensión y obesidad. Mantiene la
desigualdad afectando sobretodo a los más pobres
A
siete meses de llegada de la COVID 19 a México, el sistema de salud requiere
oxígeno, le urge una transfusión de recursos, pero el gobierno presentó un
presupuesto 2021 raquítico para la salud que reduce el gasto para los más
pobres, y no alcanza para avanzar en la Cobertura Universal de Salud (CUS), ni
para detener la pandemia.
El
presupuesto 2021 para la salud es insuficiente y mantiene la desigualdad.
“Pareciera que no hay pandemia, que no estamos por llegar a 80 mil personas
muertas por el Covid-19 según datos oficiales y que no ha habido un incremento
en mortalidad en 2020”, dijo Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción
Ciudadana Frente a la Pobreza.
En
tanto que la OCDE recomienda un gasto en salud de al menos 6% del PIB, la
propuesta del gobierno apenas llega a la mitad: 3%. Mantiene sin cambio el
estancamiento presupuestal de más de una década y la reducción que se dio desde
2016
Lo
más grave es que el presupuesto 2021 mantiene la desigualdad que afecta a
quienes trabajan sin seguro social, en la informalidad y sobre todo a las
comunidades rurales e indígenas marginadas.
“La
salud es un derecho, pero en México se ha convertido en un privilegio, se le
considera una prestación laboral y se maneja como mercancía. Por eso, exigimos
aumentar un punto porcentual del PIB por la igualdad en salud en el presupuesto
2021, como lo recomendaron las personas expertas del CIEP, México Evalúa y CEEY
en la mesa de diálogo realizada recientemente”, abundó.
El
proyecto de presupuesto 2021 reduce el gasto per cápita para los servicios de
salud casi para todos. Incluso a trabajadores del estado (ISSSTE) y del sector
privado (IMSS). Pero sobre todo, para la población sin seguridad social
(INSABI), y lo más grave, también los destinados a las zonas rurales marginadas
y comunidades indígenas (IMSS Bienestar). Mantiene el esquema de privilegios
para los trabajadores petroleros, sin justificación alguna. Todo esto según
datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Garantizar
el acceso a la salud como un derecho universal, requiere la cobertura para
todas y todos los mexicanos, sin exclusión y con calidad. Ese objetivo requiere
elevar el presupuesto para la salud a cuando menos 6 puntos del PIB. “Por ello
hay que iniciar ya, al menos con un punto porcentual más en 2021”, explicaron.
COBERTURA
UNIVERSAL EN SALUD
Para
avanzar en el propósito de ofrecer la Cobertura Universal en Salud (CUS) la
sociedad civil propone que en el presupuesto de 2021 el gasto en salud se
incremente en un punto porcentual, es decir se llegue a 3.5% -unos 240 mil
millones de pesos más, que deben asignarse al INSABI y al IMSS Bienestar- para
igualar el piso de recursos y la calidad del servicio que recibe la población
sin seguridad social.
Invertir
un punto del PIB, “un punto por la igualdad en salud”, dijo Gómez Hermosillo al
exhortar a los diputados a pasar de las promesas a las acciones efectivas en
favor de los pobres y decidirse a reformar el PEF 2021 para mejorar la salud a
todos los mexicanos y romper la desigualdad histórica que afecta a los más
pobres.
La
desigualdad del gasto público en salud es inaceptable. Antes de la Covid-19, la
segmentación de la seguridad social excluía al 62% de personas ocupadas: 34.2
millones de personas trabajan sin acceso a servicios de salud de la seguridad
social. Entre ellas, 15.2 millones con trabajo asalariado y subordinado a
quienes se les niega la afiliación, se les coloca en la informalidad, como lo
muestran los datos del Observatorio de Trabajo Digno de “Frente a la Pobreza”.
“La
exclusión creada por la vinculación del acceso a la salud vía el trabajo es un
problema estructural que se arrastra por décadas y que este gobierno no está
enfrentando de raíz. Al contrario, el presupuesto 2021 mantiene la desigualdad
del gasto y a la salud como un privilegio, se mantiene como una prestación
laboral, que se evade y se viola de múltiples maneras” añadió.
De
2010 a la fecha, mientras la población creció en 12 millones de mexicanos, el
gasto en salud se estancó. A partir de 2017 bajó de 2.8% a 2.5% del PIB. En
2020 la pandemia nos sorprendió con un presupuesto raquítico, pero además con
un hábito de subejercicio que alcanzó cifras dramáticas en 2019.
El
bajo gasto presupuestal hace que la carga del financiamiento del sistema de
salud recaiga en las familias. México ocupa el segundo lugar entre los países
de la OCDE con mayor gasto privado de bolsillo. Las personas financian con
gasto privado la mitad del gasto en salud, lo cual aumenta aún más la
desigualdad e impide en la práctica el ejercicio del derecho a la salud.
RECOMENDACIÓN
A LA CAMARA DE DIPUTADOS
Ni
siquiera la pandemia ameritó un aumento presupuestal en salud a pesar de todas
las carencias en recursos materiales y humanos: profesionales, técnicos y
auxiliares de salud insuficientes, respiradores, unidades de cuidado intensivo,
pruebas, equipo para el personal médico. Lo que se hizo fue tomar recursos
etiquetados para atender otras enfermedades y aplicarlos a la atención de la
pandemia.
Acción
Ciudadana Frente a la Pobreza llamará a otras organizaciones de la sociedad
civil y a la ciudadanía en general a impulsar una recomendación dirigida a la
Cámara de Diputados para que se atrevan a reformar el PEF y aumenten un punto
del PIB para la salud, un punto por la igualdad.
El
objetivo final es llegar a la Cobertura Universal en Salud (CUS) que permita el
ejercicio pleno del derecho a la salud para todas las personas sin exclusión y
corte el cordón umbilical que hoy amarra el acceso a la salud con las
prestaciones laborales.
A
partir de la aparición de la pandemia por covid 19, Frente a la Pobreza, a
través del programa Acciones Ciudadanas ha realizado una serie de mesas de
diálogo con especialistas y organizaciones sociales para buscar acuerdos y
proponer reformas que lleven a la Cobertura Universal en Salud (CUS) sin
privilegios ni exclusiones para hacer válido el derecho a la salud.
De
estos análisis deriva la propuesta ahora presentada a los medios de
comunicación. En particular reconocemos las aportaciones de Judith Méndez
Méndez del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Mariana
Campos, de México Evalúa y de Rodolfo de la Torre del Centro de Estudios
Espinosa Yglesias (CEEY).
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