ANALIZA ACCION CIUDADANA FRENTE A LA POBREZA EL SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL EN MATERIA SOCIAL Y DE LA POBREZA

 

*Habrá 15 millones 779 mil más de personas en pobreza que hace 2 años, para un total de 76 millones 833 mil, por la crisis económica y el Covid-19

 

 

Los resultados frente a la pobreza no son muy positivos para este 2º informe de gobierno. De entrada, con el Covid-19 y la crisis económica, se sumaron casi 16 millones de personas más a esta condición. También los programas sociales tienen fallas importantes y la selección de sus beneficiarios es un foco rojo. Lo más grave es no se están transformando las causas estructurales que generan pobreza y desigualdad.

La medición oficial de la pobreza de 2020 se conocerá hasta agosto de 2021. Por ahora solo contamos con el indicador de corto plazo que publica Coneval, entidad del estado mexicano encargada de medir la pobreza y evaluar la política social.

De fines de 2018 a junio de 2020, la pobreza laboral pasó de 39% a 49%; es decir: 61 millones 466 mil personas carecen de ingreso laboral suficiente para comer, según datos del Índice de la tendencia laboral de la pobreza (ITLP) de Coneval. Este indicador se ha publicado de manera trimestral desde 2008.

Es un indicador muy útil porque ofrece información más oportuna. Hasta ahora, el ITLP ha logrado anticipar y pronosticar la evolución de la medición de la pobreza que Coneval realiza por mandato de ley cada dos años.

Aplicando la proporción (ratio) entre el ITLP y los resultados de las pasadas tres mediciones de pobreza, en este momento el 61% de la población estaría en pobreza por ingresos; o sea: 15 millones 779 mil más que hace 2 años, para un total de 76 millones 833 mil personas.

Esta estimación puede fallar. Sería muy bueno que así fuera. Me encantaría reconocer que el cálculo fue equivocado. Deseo que los datos que Inegi está levantando en estos meses (desde agosto), arrojen un mejor resultado. Por ahora, estos son los datos oficiales disponibles.

 

MALA NOTICIA PARA MEXICO

 

Cualquier aumento de pobreza, así fueran sólo 2 o 3 millones de personas más, es muy mala noticia para México. Y representa un duro golpe a la intención de este gobierno de poner primero a los pobres.

Los programas sociales también presentan problemas. Según Coneval, hay fallas en la definición de sus objetivos y en su aplicación en campo.

Por ejemplo, las evaluaciones muestran que varios programas no definen bien el problema que buscan resolver y que los recortes de presupuesto han dificultado su operación.

Los programas sociales son insuficientes para paliar la pérdida de ingresos derivada del desempleo y la reducción de ingreso laboral en estos meses de pandemia.

Su cobertura está concentrada en zonas rurales. Sus montos son inadecuados para compensar la pérdida de ingresos. El programa de mayor alcance: las becas Benito Juárez entregan $800 al mes a 9 millones de estudiantes.

Esto puede ser adecuado para que sigan en la escuela, pero es insuficiente para quien perdió su ingreso, pues representa el costo de la canasta básica para una persona por una semana o el de una familia por 2 días.

El foco rojo más importante sigue siendo sobre la selección de quienes reciben las transferencias. La poca información oficial sobre el “Censo del Bienestar” muestra que no fue un censo, sino una verificación de padrones de dos programas.

El problema mayor es que la inscripción a nuevos beneficiarios se basó en el criterio discrecional de quienes aplicaron el “censo”. Esto no es buena práctica, pues no se aplicaron criterios rigurosos sobre carencias y condición socioeconómica de las personas.

La aplicación del “censo” por parte de una estructura electoral derivada del partido político en el gobierno hace suponer un fuerte sesgo político y electoral, lo cual afectará también sus resultados frente a la pobreza y la desigualdad (además de atentar contra la democracia).

El problema más grave es que no se han transformado causas estructurales de la pobreza, como las que se generan en el mundo del trabajo.

 

SALARIO MINIMO INSUFICIENTE

 

Hubo un primer cambio positivo con los aumentos al salario mínimo. Esta política debe mantenerse, al menos hasta que gradualmente se alcance el monto suficiente para dos canastas básicas.

Pero siguen pendientes otras medidas para enfrentar el outsourcing ilegal, para hacer realidad el nuevo sistema de justicia laboral y para la democratización de los sindicatos.

Y sobre todo, es indispensable desvincular el acceso a la salud del contrato laboral.

La informalidad excluye al 60% de la población económicamente activa de la seguridad social y del acceso a la salud. Para superar la “informalidad” es indispensable romper la cadena que amarra el acceso a servicios públicos de salud del régimen de contratación laboral.

La salud es un derecho humano, no una prestación laboral. El derecho a la salud debe ser garantizado mediante servicios públicos de salud que no hagan distinción entre derechohabientes y no derechohabientes.