lunes, 24 de agosto de 2020

 

AL SISTEMA DE SALUD LE URGE UNA TRANSFUSION

 

*El COVID-19 llegó cuando el sector salud ya estaba en terapia intensiva. Los servicios de salud para las zonas más pobres reciben hasta 10 veces menos presupuesto público

 

 

En México el sistema de salud es una “receta explosiva” incompleta. El gasto no llega ni a la mitad de lo recomendable. Es insuficiente, le hacen falta camas, médicos, medicinas, enfermeras. Es excluyente, atiende preferentemente a las personas con trabajo formal y descuida a la mayoría que están en el trabajo informal. Es discriminador: invierte más de 300 mil pesos per cápita en la CDMX y menos de 30 mil en otras entidades del país.

La conclusión a la que llegaron 4 organizaciones de la sociedad civil especializadas en desarrollo social y gasto público es que “al sistema de salud le urge una transfusión de recursos”.

La sociedad civil plantea la necesidad de construir a largo plazo un sistema universal que garantice el derecho a la salud. En este caso, la demanda de recursos sería equivalente a 3.5 puntos del producto, aproximadamente 240 mil millones de pesos, para lo cual se requiere seguramente una reforma fiscal progresiva.

La reducción en el gasto público en salud ha dejado un sistema debilitado, de 3% del PIB en 2013 a 2.5% en 2020. Lo más grave: desde 2019 se ha colocado en situación de subejercicio fiscal, descuidando la atención de enfermedades prevenibles que se han ubicado entre las cinco primeras causas de muertes en el país, como es el caso de la diabetes

Más gasto en salud es indispensable para promover el acceso universal a salud. Estos recursos deben llegar a aquellas personas que más lo necesitan.

El acceso universal a salud implica que todas y todos puedan atenderse, sin importar su afiliación laboral, el lugar donde vivan o su capacidad de pago.

 

SISTEMA DE CALIDAD DEFICIENTE

 

Encontramos un sistema excluyente, fragmentado, inequitativo y con calidad deficiente que no previene ni cura las enfermedades.

20 millones de personas son excluidas al no estar afiliadas a un servicio de salud y más de la mitad de la población, 68 millones de personas carecen de acceso a la seguridad social.

La desigualdad en el gasto público entre subsistemas es dramática: los servicios de salud para las zonas más pobres reciben hasta 10 veces menos presupuesto público.

Por cada peso por persona beneficiaria de IMSS-Prospera, que atiende a las personas que viven en zonas rurales de alta marginación y rezago social, se destinan aproximadamente 4 pesos por persona afiliada al IMSS; más de 5 pesos, para las del ISSSTE; y cerca de 10 pesos, para las afiliadas a servicios de salud de Pemex.

Frente a la epidemia de COVID-19, los servicios públicos de salud ya estaban en terapia intensiva:

El número de camas en hospitales se ha reducido desde hace varias décadas en relación con la población, de 1.8 camas a 0.9 camas por cada mil habitantes en 2019.

Hay grandes diferencias entre la densidad de médicos en la Ciudad de México y en otras localidades, lo que produce desigualdad geográfica en la capacidad de atención.

A pesar de estar incluido en el Esquema Básico de vacunación, solo 55% de niños y niñas han sido vacunados contra Hepatitis B en México, en contraste con 91.2%, en los países de la OCDE.

Solo la mitad de quienes acuden a los servicios públicos de salud reciben atención preventiva.

Para hacer frente a la emergencia sanitaria, el gobierno federal ha destinado más recursos para la compra de materiales, equipamiento y medicamentos, intentando atender la demanda de la crisis sanitaria y contrarrestar el subejercicio en infraestructura del 65% en 2019; sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes, hemos superado las 60 mil muertes.

Es necesario tener un gasto público en salud que no solo considere el corto plazo, atender la crisis del COVID-19, pero también el mediano y largo plazo, hasta alcanzar un 6% del PIB en gasto público en salud.

 

MAYOR GASTO EN SALUD

 

Las organizaciones plantearon que un primer paso es aumentar el gasto en salud del Presupuesto 2021, un punto del PIB para garantizar la igualdad en los servicios que proporciona el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) con los servicios del IMSS.

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