LLAMAN A CONAPRED A DETENER EL PROYECTO DE NOM 199
POR FAVORECER A GRANDES CORPORACIONES TEQUILERAS
*Es discriminatorio y atenta contra derechos de los pueblos indígenas y
campesinos, con afán de desaparecer a pequeños productores
*Además violentaría compromisos
internacionales que adquirió México sobre el respeto a la equidad de derechos
económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas y otras poblaciones
vulnerables
Asociaciones civiles, académicos, productores y comercializadores
de bebidas de agave y ciudadanos entregaron una carta urgiendo a la Comisión
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) a detener el proyecto de
Norma Oficial Mexicana 199.
Esto es por representar un acto de discriminación contra miles los
productores campesinos e indígenas de destilados de agave en gran parte del
país.
El proyecto de norma prohíbe a los productores de destilados de
agave que se encuentran fuera de la arbitraria Denominación de Origen de Mezcal
(DOM) usar el término agave, señalar que su producto ha sido elaborado con
agave y les prohíbe también llamarlos “Destilados de Agave”.
La propia DOM representó una violación a los derechos de las
comunidades que ancestralmente han producido mezcal, al prohibirles usar ese término;
ésta se elaboró de manera totalmente arbitraria.
Por esta razón, decenas de miles de productores de mezcal ya no
pueden usar este término y deben llamar a su producto “Destilado de Agave”.
Ahora se les quiere prohibir usar el término agave y obligarlos a
referirse a su bebida como “Komil”.
De esta forma ni el productor podría informar al consumidor, ni el
consumidor recibir información, sobre la materia prima utilizada para elaborar
esta bebida.
MISIVA DE DESACUERDO
En la carta dirigida a Alexandra Haas Paciuc, presidenta de
CONAPRED, se señala: “de aprobarse la NOM 199, el Estado violentaría el derecho
a la igualdad real de oportunidades, y limitaría la plena participación de
sectores vulnerables de la población, incluidos pueblos indígenas, en la vida
económica, social y cultural del país.
Además, debido a que el mezcal como bien comercial descansa en los
conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales,
así como en su trabajo de conservación y manejo de la biodiversidad; impediría
el pleno ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposición
de los bienes de propiedad intelectual de estos actores, por lo que se
violarían las disposiciones presentes en los Artículos 1, 2 y 9 de la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación”.
La misiva agrega: “Además de esto, se violentarían otros
compromisos internacionales que el Estado mexicano ha adquirido relacionados al
respeto a la equidad de derechos económicos, sociales y culturales de los
pueblos indígenas y otras poblaciones vulnerables.
Particularmente, el artículo 8 del Convenio de Diversidad
Biológica, por el cual México se compromete a fomentar que los beneficios
derivados de la utilización de [los] conocimientos, innovaciones y prácticas
[sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica] se
compartan equitativamente.
Dada la gravedad y urgencia del asunto y con base en la Ley
vigente, consideramos que la Presidencia de este Consejo debería iniciar esta
investigación y pronunciarse a la brevedad al respecto”.
La alianza de organizaciones, académicos, productores y
comercializadores de destilados de agave y ciudadanos que firmaron la carta
dirigida a la presidenta de CONAPRED, expusieron: “La consulta pública que
forma parte del proceso de discusión del proyecto de norma culmina el 29 de
abril de 2016.
QUE PARTICIPE LA COFEMER
Por ello, una de las principales preocupaciones de las
organizaciones firmantes es apelar a la CONAPRED para que se inicie de oficio
una queja en relación al proyecto de norma y emita un comentario ante la
COFEMER, y cualquier otra instancia correspondiente, antes del fin de este
plazo, toda vez que está dentro de sus facultades eliminar los obstáculos que
limiten el ejercicio de derechos e impidan el pleno desarrollo de las personas,
así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y
social del país.
Recordamos que se ha facultado a este Consejo para involucrar en
estas tareas de erradicación de la discriminación a las autoridades de todos
los órdenes y niveles de gobierno así como a grupos particulares.
Asimismo, esperamos que este proceso dé como resultado el
establecimiento de garantías de no repetición y con apego a los más altos
estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Sabemos que el tema de la plena inclusión de los sectores
vulnerables en la vida económica es una agenda pendiente en este país; por
ello, solicitamos informe a la sociedad sobre las medidas que el Consejo está
realizando o realizará al respecto”.
