ANALIZA ACCION CIUDADANA
FRENTE A LA POBREZA EL SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL EN MATERIA SOCIAL Y DE LA
POBREZA
*Habrá 15 millones 779 mil más de personas en
pobreza que hace 2 años, para un total de 76 millones 833 mil, por la crisis
económica y el Covid-19
Los
resultados frente a la pobreza no son muy positivos para este 2º informe de
gobierno. De entrada, con el Covid-19 y la crisis económica, se sumaron casi 16
millones de personas más a esta condición. También los programas sociales
tienen fallas importantes y la selección de sus beneficiarios es un foco rojo.
Lo más grave es no se están transformando las causas estructurales que generan
pobreza y desigualdad.
La
medición oficial de la pobreza de 2020 se conocerá hasta agosto de 2021. Por ahora
solo contamos con el indicador de corto plazo que publica Coneval, entidad del
estado mexicano encargada de medir la pobreza y evaluar la política social.
De
fines de 2018 a junio de 2020, la pobreza laboral pasó de 39% a 49%; es decir:
61 millones 466 mil personas carecen de ingreso laboral suficiente para comer,
según datos del Índice de la tendencia laboral de la pobreza (ITLP) de Coneval.
Este indicador se ha publicado de manera trimestral desde 2008.
Es
un indicador muy útil porque ofrece información más oportuna. Hasta ahora, el
ITLP ha logrado anticipar y pronosticar la evolución de la medición de la
pobreza que Coneval realiza por mandato de ley cada dos años.
Aplicando
la proporción (ratio) entre el ITLP y los resultados de las pasadas tres mediciones
de pobreza, en este momento el 61% de la población estaría en pobreza por
ingresos; o sea: 15 millones 779 mil más que hace 2 años, para un total de 76
millones 833 mil personas.
Esta
estimación puede fallar. Sería muy bueno que así fuera. Me encantaría reconocer
que el cálculo fue equivocado. Deseo que los datos que Inegi está levantando en
estos meses (desde agosto), arrojen un mejor resultado. Por ahora, estos son
los datos oficiales disponibles.
MALA
NOTICIA PARA MEXICO
Cualquier
aumento de pobreza, así fueran sólo 2 o 3 millones de personas más, es muy mala
noticia para México. Y representa un duro golpe a la intención de este gobierno
de poner primero a los pobres.
Los
programas sociales también presentan problemas. Según Coneval, hay fallas en la
definición de sus objetivos y en su aplicación en campo.
Por
ejemplo, las evaluaciones muestran que varios programas no definen bien el
problema que buscan resolver y que los recortes de presupuesto han dificultado
su operación.
Los
programas sociales son insuficientes para paliar la pérdida de ingresos
derivada del desempleo y la reducción de ingreso laboral en estos meses de
pandemia.
Su
cobertura está concentrada en zonas rurales. Sus montos son inadecuados para
compensar la pérdida de ingresos. El programa de mayor alcance: las becas
Benito Juárez entregan $800 al mes a 9 millones de estudiantes.
Esto
puede ser adecuado para que sigan en la escuela, pero es insuficiente para
quien perdió su ingreso, pues representa el costo de la canasta básica para una
persona por una semana o el de una familia por 2 días.
El
foco rojo más importante sigue siendo sobre la selección de quienes reciben las
transferencias. La poca información oficial sobre el “Censo del Bienestar”
muestra que no fue un censo, sino una verificación de padrones de dos
programas.
El
problema mayor es que la inscripción a nuevos beneficiarios se basó en el
criterio discrecional de quienes aplicaron el “censo”. Esto no es buena
práctica, pues no se aplicaron criterios rigurosos sobre carencias y condición
socioeconómica de las personas.
La
aplicación del “censo” por parte de una estructura electoral derivada del
partido político en el gobierno hace suponer un fuerte sesgo político y
electoral, lo cual afectará también sus resultados frente a la pobreza y la
desigualdad (además de atentar contra la democracia).
El
problema más grave es que no se han transformado causas estructurales de la
pobreza, como las que se generan en el mundo del trabajo.
SALARIO
MINIMO INSUFICIENTE
Hubo
un primer cambio positivo con los aumentos al salario mínimo. Esta política
debe mantenerse, al menos hasta que gradualmente se alcance el monto suficiente
para dos canastas básicas.
Pero
siguen pendientes otras medidas para enfrentar el outsourcing ilegal, para hacer
realidad el nuevo sistema de justicia laboral y para la democratización de los
sindicatos.
Y
sobre todo, es indispensable desvincular el acceso a la salud del contrato
laboral.
La
informalidad excluye al 60% de la población económicamente activa de la seguridad
social y del acceso a la salud. Para superar la “informalidad” es indispensable
romper la cadena que amarra el acceso a servicios públicos de salud del régimen
de contratación laboral.
La
salud es un derecho humano, no una prestación laboral. El derecho a la salud
debe ser garantizado mediante servicios públicos de salud que no hagan
distinción entre derechohabientes y no derechohabientes.