LA NUEVA SECRETARIA DE CULTURA VIOLA LOS
ARTICULOS 3 Y 4 DE LA CONSTITUCION
*Profesores de
Investigación Científica y Docencia del INAH solicitan la intevención del Alto
Comisionado de los Derechos Humanos en México
*Denuncian la PREMURA con la que se aprobó la Inciativa, impulsada por
el presidente Enrique Peña, en las Cámaras de Diputados y Senadores de la
República.
En el decreto para la creación de la Secretaría de Cultura, se conservan
sin modificación artículos y fracciones que atentan contra el Patrimonio
histórico, artístico, cultural y paleontológico de México.
Igualmente las diversas violaciones a los Derechos culturales de los
mexicanos, como son la escisión del binomio educación-cultura que es el eje
imprescindible en la formación integral del individuo, el usufructo y
comercialización del Patrimonio tangible e intangible fomentando el uso
intensivo de la infraestructura cultural de la Nación, la homogenización de la
identidad multiétnica, la cerrazón de las autoridades al evitar un debate
nacional analítico e incluyente de los grupos sociales y de la población.
La acelerada aprobación de la creación de Secretaría de Cultura inició con
la elaboración del dictamen de la iniciativa por parte del presidente de la
Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, diputado
plurinominal Santiago Taboada Cortina, para después aprobarla en reunión
plenaria.
Posteriormente, su paso y anuencia en la Cámara de Senadores, primero por
la Comisión de Cultura y Cinematografía correspondiente y después en reunión
plenaria; para finalmente concluir con el Decreto firmado por el presidente
Enrique Peña Nieto el día 16 de diciembre de 2015 y su publicación al día
siguiente en el Diario Oficial
DESINTERES POLITICO
En su aprobación fue evidente el desinterés por parte de los diferentes
actores políticos involucrados (Cámara de Diputados y de Senadores) quienes
incluso ignoraron y violaron la precedente recomendación del Alto Comisionado
de los Derechos Humanos en México en 2003, que menciona que “…es
imprescindible fortalecer la relación entre educación y cultura, actualmente
soslayada en México…”.
En consecuencia los profesores de investigación
científica y docencia del INAH, se ven obligados a acudir a instancias
distintas al Legislativo, para exponer la ilegalidad de la Iniciativa del Ejecutivo Federal con
Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan, y Derogan Diversas Disposiciones
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como Otras
Disposiciones para Crear la Secretaría de Cultura y la celeridad con la que fue aprobada y consumada por el presidente
Enrique Peña Nieto al firmar el Decreto el pasado 16 de diciembre de 2015.
El análisis realizado por los profesores de
investigación científica y docencia del Instituto Nacional de Antropología e
Historia y plasmado en el documento “Improcedencia para Crear una
Secretaría de Cultura; Reglamentación del Artículo 4 Constitucional como
Alternativa Urgente”, se sintetiza en los siguientes puntos:
IMPROCEDENCIA E INCONSISTENCIA LEGISLATIVAS
--Ausencia de los derechos culturales en la
iniciativa.
--Inadmisible separación entre educación y
cultura.
--Concentración excesiva de poder en un individuo
y anulación del INAH y el INBA.
--OBJETIVO OCULTO: Tentativa de explotación intensiva del patrimonio
e infraestructura culturales.
Se hace énfasis en que actualmente nuestro
país vive una grave crisis en materia de derechos humanos, tal como lo expresan
diversas recomendaciones internacionales, y en este caso, particularmente las
violaciones de los derechos culturales de los mexicanos, por parte de quienes
tienen como una de sus responsabilidades esenciales, garantizar la vigencia de
los derechos humanos de los mexicanos.
Tras la argumentación que han realizado,
derivada de un análisis profundo y exhaustivo, solicitan la intervención del
Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México para que incida en la
reconsideración de dicha Iniciativa y Decreto y los riesgos que implica; así
como para hacerla del conocimiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en Ginebra, y de los Relatores Especial de la ONU en
la esfera de los Derechos Culturales y de la Relatora Especial de la ONU sobre
Pueblos Indígenas.
