CINCO AÑOS DE CAMBIOS EN EL ABORTO

EN MÉXICO: ¿QUÉ SIGUE PENDIENTE?

 

 

El 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al

Aborto Legal y Seguro, es una oportunidad para volver a hablar de aborto y de las condiciones en las que las mujeres pueden acceder a él.

En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización de las mujeres que abortan. Dos años después, la misma Corte ordenó al Congreso eliminar el aborto del Código Penal Federal. Y detrás de estos cambios hay años de arduo trabajo y esfuerzo de muchas mujeres, organizaciones y colectivos que saben de la importancia de seguir avanzando para conquistar nuestros derechos.

Desde entonces, el mapa del aborto en México ha cambiado. Hasta junio de 2026, el aborto se ha despenalizado en 24 de las 32 entidades federativas del país. Sin embargo, que esté despenalizado hasta la semana 12 no significa que todas las mujeres puedan acceder a él.

Aguascalientes es un ejemplo de cómo los avances no han sido lineales. Ocho meses después de la despenalización, el Congreso local redujo el plazo para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo de 12 a seis semanas.

“En estos años han cambiado muchas cosas y vale la pena reconocerlo. Hoy hablamos del derecho a decidir desde un lugar muy diferente al de hace cinco años. Pero una cosa es que en la mayoría de nuestros estados se despenalice parcialmente y otra que se reconozca como un derecho a la salud y que podamos ejercerlo. Este 28S es una oportunidad para hablar de lo que todavía falta y de lo que es necesario cambiar”, señala Angie Contreras, portavoz de Mujeres Vivas, Mujeres Libres.

“El caso de Aguascalientes nos recuerda que la lucha por los derechos no termina cuando se consigue un avance. También hay que resistir y defender lo ganado frente a los retrocesos y asegurarnos de que nuestros derechos puedan ejercerse en la vida real, sin importar dónde vivas ni cuáles sean tus circunstancias”, añadió.

     La criminalización continúa: A pesar de los avances, despenalizar no significa que la criminalización haya desaparecido. Mientras el aborto siga siendo regulado como delito en los códigos penales, una mujer puede enfrentar una investigación o un proceso penal, cuando lo que necesita es acceso a un servicio de salud.

Las cifras muestran que esto sigue ocurriendo. De acuerdo con GIRE, entre enero de 2015 y diciembre de 2024, se registraron 6,721 carpetas de investigación por aborto en el país. De ellas, mil 240 corresponden a la Ciudad de México, la primera entidad del país en despenalizarlo. Entre 2012 y 2022, el último periodo para el que hay datos disponibles, 66 personas estuvieron en prisión preventiva por aborto.

“En la Ciudad de México, sacar el aborto del Código Penal sigue pendiente. En 2024 se presentó una iniciativa para cambiarlo, pero nunca llegó a votarse. Casi dos años después, es fundamental que el Congreso discuta la iniciativa. CDMX debe de ser piedra de lanza en el avance de los derechos”, explica Lizeth Mejorada, vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres.

Del reconocimiento al acceso Los cambios también han llegado a los servicios de salud. En marzo de 2026, el IMSS publicó su Guía Técnica para la Interrupción Legal del Embarazo y habilitó herramientas de orientación y localización de unidades que brindan el servicio.

Un año antes, la SCJN había establecido que las autoridades de salud deben garantizar estos servicios sin discriminación.

Pero estos avances no se han dado de la misma manera en todo el país. En ocho entidades federativas, el aborto aún está penalizado.

En Tamaulipas, por ejemplo, la SCJN declaró inconstitucionales esas disposiciones en abril de 2026, pero la legislación estatal no cambió.

Un derecho no debería depender del código postal de quien necesita ejercerlo. Desde Mujeres Vivas, Mujeres Libres, queremos poner el foco en lo que todavía falta: que el acceso deje de ser desigual y que el aborto salga del Código Penal para ser abordado como lo que es: un tema de salud y de derechos.