BUSCA LA SCJN FAVORECER A INDUSTRIA DE BEBIDAS AZUCARADAS
*El nuevo proyecto reemplaza la sentencia del ministro Franco
González Salas que sí protegía la salud
*La ministra Luna Ramos utiliza argumentos difundidos
internacionalmente por la industria de bebidas y alimentos para eximir su
responsabilidad
Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), propone conceder el amparo a la Compañía
Embotelladora Del Fuerte, quien trabaja para Coca-Cola, que aboliría los
lineamientos para alimentos y bebidas en las instituciones de educación
superior.
Con ello deja de lado la declaración de emergencia epidemiológica
por obesidad y diabetes en México; del incremento de la muerte por diabetes que
el año pasado superó los 96 mil decesos poniendo al país con la mayor
incidencia de muertes por diabetes entre los megapaíses del mundo y de la
evidencia de que el 70% del consumo de azúcar en la dieta de los mexicanos
proviene de las bebidas azucaradas.
El proyecto de la ministra Luna está plagado de afirmaciones
insostenibles, señala que los alimentos y bebidas altamente procesados no
afectan la salud de las personas, desconociendo el extenso y robusto sustento
científico que prueba la asociación entre el consumo de productos
ultraprocesados -en particular de bebidas azucaradas-, con daños a la salud.
“Dicho proyecto establece que la obesidad debe combatirse por
medio de la educación desconociendo también la evidencia existente que
demuestra que por encima de la educación son los entornos los que determinan
los hábitos, desconociendo que los ambientes obesogénicos son la principal
causa de estas epidemias de sobrepeso, obesidad y diabetes”, señaló Fiorella
Espinosa, coordinadora de investigación de El Poder del Consumidor.
México fue declarado como un país Cocacolinizado por el ex relator
de la Organización de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, Olivier
de Schutter, quien confirmó la omnipresencia de esta bebida, junto con otras y
comida chatarra, que se da a través de más de 1.5 puntos de venta en el país,
respaldada por una publicidad multimillonaria que conforma un ambiente
obesogénico.
Los lineamientos pretenden establecer que, al menos, los centros
educativos, incluyendo los de educación superior sean espacios saludables,
considerando que es un deber del Estado garantizar que éstos sean espacios
saludables.
UNIVERSITARIOS ADULTOS
La ministra argumenta que los estudiantes en estas instituciones
ya son adultos que pueden realizar elecciones informadas; sin embargo, esa no
es la realidad.
Estos jóvenes tienen ya hábitos deformados desde muy temprana edad
y son justamente los ambientes saludables los que pueden contribuir, junto con
otras medidas, a que se reduzcan estos consumos y no los transmitan a sus hijos
de llegar a ser padres.
El 36.9% de los adolescentes en México viven con sobrepeso u
obesidad y esta cifra prácticamente se duplica a 72.5% en la edad adulta, lo
que indica que se deben fortalecer las medidas en materia preventiva justamente
en la edad universitaria.
La reducción en el consumo promedio de bebidas azucaradas en
México es urgente ya que ha sido uno de los más altos del mundo y ese consumo
promedio es suficiente para aumentar el riesgo de obesidad en un 60% y la
diabetes en más de 20%.
La ministra considera que no hay relación entre el consumo de
estas bebidas y daños a la salud.
Si la decisión de la SCJN es positiva al proyecto de sentencia de
Luna Ramos, contribuirá al mantenimiento del ambiente obesogénico en el país y
a la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que ha sido decretada como
emergencia epidemiológica, colapsando totalmente el sistema de salud del país.
Preocupa profundamente que una persona responsable de velar por el
cumplimiento de lo marcado en la Constitución Mexicana utilice los argumentos
de una industria que vela por sus intereses antes que los de la ciudadanía.
El discurso de la ministra ignora los costos sociales y económicos
que tiene el ambiente obesogénico resultante en un alto consumo de comida
chatarra y de bebidas azucaradas en una población próxima a ser productiva y de
gran influencia para las futuras generaciones.
La regulación tiene la intención de modificar la oferta
alimentaria en un espacio que puede y debe ser regulado por el Estado y que incluye
tanto restringir alimentos y bebidas de bajo valor nutricional como aumentar la
disponibilidad de alimentos saludables, que resulte en beneficios para los
estudiantes y el país entero.
