BUSCA LA SCJN FAVORECER A INDUSTRIA DE BEBIDAS AZUCARADAS

*El nuevo proyecto reemplaza la sentencia del ministro Franco González Salas que sí protegía la salud

*La ministra Luna Ramos utiliza argumentos difundidos internacionalmente por la industria de bebidas y alimentos para eximir su responsabilidad

Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propone conceder el amparo a la Compañía Embotelladora Del Fuerte, quien trabaja para Coca-Cola, que aboliría los lineamientos para alimentos y bebidas en las instituciones de educación superior.

Con ello deja de lado la declaración de emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes en México; del incremento de la muerte por diabetes que el año pasado superó los 96 mil decesos poniendo al país con la mayor incidencia de muertes por diabetes entre los megapaíses del mundo y de la evidencia de que el 70% del consumo de azúcar en la dieta de los mexicanos proviene de las bebidas azucaradas.

El proyecto de la ministra Luna está plagado de afirmaciones insostenibles, señala que los alimentos y bebidas altamente procesados no afectan la salud de las personas, desconociendo el extenso y robusto sustento científico que prueba la asociación entre el consumo de productos ultraprocesados -en particular de bebidas azucaradas-, con daños a la salud.

“Dicho proyecto establece que la obesidad debe combatirse por medio de la educación desconociendo también la evidencia existente que demuestra que por encima de la educación son los entornos los que determinan los hábitos, desconociendo que los ambientes obesogénicos son la principal causa de estas epidemias de sobrepeso, obesidad y diabetes”, señaló Fiorella Espinosa, coordinadora de investigación de El Poder del Consumidor.

México fue declarado como un país Cocacolinizado por el ex relator de la Organización de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, quien confirmó la omnipresencia de esta bebida, junto con otras y comida chatarra, que se da a través de más de 1.5 puntos de venta en el país, respaldada por una publicidad multimillonaria que conforma un ambiente obesogénico.

Los lineamientos pretenden establecer que, al menos, los centros educativos, incluyendo los de educación superior sean espacios saludables, considerando que es un deber del Estado garantizar que éstos sean espacios saludables.

UNIVERSITARIOS ADULTOS

La ministra argumenta que los estudiantes en estas instituciones ya son adultos que pueden realizar elecciones informadas; sin embargo, esa no es la realidad.

Estos jóvenes tienen ya hábitos deformados desde muy temprana edad y son justamente los ambientes saludables los que pueden contribuir, junto con otras medidas, a que se reduzcan estos consumos y no los transmitan a sus hijos de llegar a ser padres.

El 36.9% de los adolescentes en México viven con sobrepeso u obesidad y esta cifra prácticamente se duplica a 72.5% en la edad adulta, lo que indica que se deben fortalecer las medidas en materia preventiva justamente en la edad universitaria.

La reducción en el consumo promedio de bebidas azucaradas en México es urgente ya que ha sido uno de los más altos del mundo y ese consumo promedio es suficiente para aumentar el riesgo de obesidad en un 60% y la diabetes en más de 20%.

La ministra considera que no hay relación entre el consumo de estas bebidas y daños a la salud.

Si la decisión de la SCJN es positiva al proyecto de sentencia de Luna Ramos, contribuirá al mantenimiento del ambiente obesogénico en el país y a la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que ha sido decretada como emergencia epidemiológica, colapsando totalmente el sistema de salud del país.

Preocupa profundamente que una persona responsable de velar por el cumplimiento de lo marcado en la Constitución Mexicana utilice los argumentos de una industria que vela por sus intereses antes que los de la ciudadanía.

El discurso de la ministra ignora los costos sociales y económicos que tiene el ambiente obesogénico resultante en un alto consumo de comida chatarra y de bebidas azucaradas en una población próxima a ser productiva y de gran influencia para las futuras generaciones.

La regulación tiene la intención de modificar la oferta alimentaria en un espacio que puede y debe ser regulado por el Estado y que incluye tanto restringir alimentos y bebidas de bajo valor nutricional como aumentar la disponibilidad de alimentos saludables, que resulte en beneficios para los estudiantes y el país entero.