ESPIONAJE DEL GOBIERNO DE MEXICO CONTRA DEFENSORES
DEL DERECHO A LA SALUD NO DEBE QUEDAR IMPUNE: OSC
*El
motivo principal fue la crítica al
fallido etiquetado frontal en productos alimenticios en México
*La acción se hizo mediante
dispositivos móviles con malware comercializado por la firma israelí NSO Group
El informe de Citizen Lab, adscrito a la Universidad de Toronto,
elaborado en colaboración con R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, SocialTIC,
Access Now y Amnistía Internacional, demostró el uso de malware gubernamental
altamente sofisticado con el objetivo de espiar a tres promotores del impuesto
a las bebidas azucaradas y otras regulaciones para combatir la obesidad, en
especial, la crítica al fallido etiquetado frontal en productos alimenticios en
México.
Los objetivos de esta campaña de vigilancia fueron el doctor.
Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP);
Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor; y Luis
Encarnación, coordinador de la coalición ContraPESO.
Los tres recibieron, entre el 8 de julio y el 17 de agosto de
2016, diferentes mensajes SMS con enlaces maliciosos con el propósito de
infectar sus dispositivos móviles con malware para vigilancia comercializado
por la firma israelí NSO Group.
El análisis de los mensajes de texto arrojó que los enlaces
enviados están asociados a una infraestructura de dominios de la empresa NSO
Group.
Al hacer clic en el enlace, el malware identificado como Pegasus
se descarga sigilosamente en el dispositivo, dándole control al atacante y
acceso a todos los archivos guardados, así como capacidades para utilizar la
cámara, el micrófono, el GPS, entre otros.
El malware utilizado contra Barquera, Calvillo y Encarnación es
vendido por NSO Group exclusivamente a gobiernos.
Se ha documentado que diversas agencias del gobierno mexicano son
clientes de NSO. De acuerdo con un informe de 2016 de Citizen Lab, este malware
ha sido utilizado con anterioridad para espiar ilegalmente a periodistas en
México.
Los tres objetivos formaron parte de las personas que promovieron
en 2014 un gravamen en contra de las bebidas azucaradas en México.
El 29 de junio de 2016, una semana antes de la recepción de los
mensajes, Calvillo y Encarnación convocaron a una rueda de prensa para pedir un
aumento en el impuesto, así como demandar al gobierno mayor transparencia en el
uso de los recursos recaudados a partir de este, por su parte, Barquera se
pronunciaba a favor de ese impuesto en foros académicos y redes sociales.
Ante estos hechos exigimos la inmediata apertura de una
investigación seria e imparcial que permita identificar y sancionar a los
responsables de la vigilancia ilegal documentada que vulnera el derecho a la
privacidad, el derecho a defender derechos humanos e inhibe el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión.
Además, en los próximos días presentaremos una denuncia penal ante
la Procuraduría General de la República, así como una queja ante la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y seguiremos explorando vías para impedir que
el caso quede en la impunidad.
La vigilancia contra científicos y defensores de derechos humanos
es un hecho a todas luces reprobable, inaceptable y que agravia a toda la sociedad.
El uso de las capacidades de vigilancia del Estado, especialmente al servicio
de los intereses de la industria, resulta es un agravio para todas las personas
que trabajan en favor de la salud de las y los mexicanos, tanto en el sector
público y privado, así como de la sociedad civil organizada.
Las organizaciones firmantes seguiremos trabajando en conjunto con
organismos nacionales e internacionales para documentar, acompañar a las
víctimas y exigir por todas las vías posibles el cese de la vigilancia ilegal
en México, así como la investigación y sanción de los responsables. No
permitiremos que estos hechos queden en la impunidad.
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