EL COSTO DE LOS SINIESTROS VIALES EN MEXICO:

ESTIMACION DEL COSTO DE ATENCION MEDICA

Y PERDIDA DE PRODUCTIVIDAD

 

*Nuevo estudio de Salud Justa Mx revela el impacto económico y de salud pública que generan los percances de tránsito en el país

 

 

En conferencia de prensa representantes de la sociedad civil y legisladores presentaron el estudio “El costo de los siniestros viales en México: Estimación de costos de atención médica y pérdida de productividad”, el cual visibiliza el impacto que las muertes prematuras, lesiones, discapacidad y atención médica generan para las familias, el sistema de salud y el desarrollo económico del país.

El documento analiza las repercusiones económicas, sociales y sanitarias provocadas por las colisiones viales en el territorio nacional. Los hallazgos confirman que las externalidades negativas de los siniestros viales —que incluyen gastos médicos, discapacidad, pérdida de ingresos por muerte prematura, daños materiales y costos administrativos— imponen una pesada carga sobre el Producto Interno Bruto (PIB) del país y sobre la economía de las familias vulnerables.

De acuerdo con el informe, las muertes por siniestros de tránsito continúan posicionándose entre las primeras causas de fallecimiento en personas de entre 5 y 44 años de edad, truncando la etapa más productiva de miles de ciudadanos.

Los costos de atención médica y las pérdidas de productividad asociados a los siniestros viales representaron entre 55 mil y 92 mil millones de pesos en México durante 2024, de acuerdo.

     Puntos clave del estudio: Alto Costo Económico y Social: La atención de lesiones, rehabilitación y pérdida de productividad por discapacidad o fallecimiento representa un costo multimillonario que equivale a un porcentaje significativo del PIB nacional, dinero que podría destinarse a prevenir enfermedades o fortalecer el bienestar social.

     Impacto en el Sistema de Salud: Los servicios públicos de emergencias y las unidades hospitalarias destinan una parte crítica de su presupuesto y capacidad operativa a la atención de trauma por choque o atropellamiento, saturando salas de urgencias.

     Factores de Riesgo Determinantes: El estudio identifica que el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y la falta de uso de dispositivos de seguridad (como cinturón, cascos certificados y sistemas de retención infantil) siguen siendo los detonantes clave de la severidad de las lesiones.

     Desigualdad Social de las Víctimas: Peatones, ciclistas y usuarios de motocicletas (usuarios vulnerables de la vía) absorben la mayor proporción de víctimas mortales y discapacidades permanentes.

"Los siniestros viales son predecibles y evitables. No son 'accidentes' o imprevistos del azar; son el resultado de vacíos en la infraestructura, fallas en la regulación y falta de control de factores de riesgo. Cada peso gastado en atender un siniestro vial es un recurso que perdimos para invertir en educación, salud preventiva o desarrollo municipal", señaló Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx.

Ante este panorama es imprescindible traducir la legislación existente en acciones concretas. Aunque México cuenta con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), se requiere acelerar la armonización legislativa en todos los estados y municipios, además de implementar controles estrictos como:

    Límites de velocidad seguros y fiscalización con tecnología.

    Cero tolerancia al alcohol y al volante, homologando los operativos de alcoholimetría a nivel nacional.

    Exigencia de estándares de seguridad vehicular y normativas para cascos y sillas infantiles.

    Infraestructura segura priorizada bajo la Jerarquía de la Movilidad Urbana.

Salud Justa Mx hace un llamado urgente al Congreso, a las autoridades de salud, de transporte y a los gobiernos locales para priorizar la seguridad vial como un asunto de salud pública y justicia distributiva.

Belén Sáenz de Miera Juárez, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, señaló: “El objetivo de estimar los costos económicos asociados a los siniestros viales es aportar evidencia sobre la magnitud del problema y fortalecer la toma de decisiones. Encontramos que, tan solo considerando los costos de atención médica y las pérdidas de productividad estimadas en este estudio, la carga económica se ubica entre 55 mil y 92 mil millones de pesos en 2024 y, en el escenario superior, puede alcanzar cerca de 0.3% del PIB o 4.4% del gasto total en salud. Estas cifras representan solo una parte de los costos que generan los siniestros viales, pues no se contemplan otros costos como los daños materiales y la atención médica de largo plazo. Una proporción considerable de estas pérdidas es prevenible, por lo que avanzar hacia sistemas seguros de movilidad no solo salva vidas, sino que también puede reducir pérdidas económicas y liberar recursos que actualmente se destinan a atender sus consecuencias”.

Quetzalli Ramos, abogada de Polithink, señaló que “el estudio demuestra que la inacción también tiene costos y que una parte considerable de estas pérdidas puede prevenirse. Aunque la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial otorgó 180 días a los congresos locales para armonizar su legislación, plazo que concluyó el 14 de noviembre de 2022, casi cuatro años después la Ciudad de México todavía no cuenta con una armonización. El siguiente paso es aprobar una reforma a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México que incorpore el enfoque de Sistema Seguro y medidas para atender todos los factores de riesgo, especialmente la velocidad y el alcohol. La velocidad influye tanto en la posibilidad de evitar un siniestro como en la gravedad del impacto: una diferencia que parece pequeña en el velocímetro puede ser la diferencia entre una lesión y una muerte. El alcohol, incluso antes de que una persona se sienta incapacitada, afecta la atención, el juicio y el tiempo de reacción. Por eso, el mensaje debe ser claro: si conduces, no bebas. Armonizar es el punto de partida para asignar presupuesto, fortalecer la fiscalización e implementar políticas que salvan vidas. La Ciudad puede recuperar su liderazgo y volver a elevar el estándar nacional de protección”.

Por su parte, Carlos Morales, integrante de la campaña de seguridad vehicular de El Poder del Consumidor señaló que “Los siniestros viales no son inevitables y una parte importante de las muertes y lesiones graves que provocan puede prevenirse con vehículos más seguros, a través de una regulación alineada con las mejores prácticas internacionales. La actualización de la NOM-194 es urgente para incorporar de manera obligatoria tecnologías que ya existen y han demostrado su capacidad para salvar vidas, como el frenado autónomo de emergencia y los sistemas de protección al peatón. El estudio que hoy se presenta es clave para poder dimensionar el enorme costo humano, social y económico de los siniestros viales. Esta evidencia debe fortalecer el proceso regulatorio y contribuir a una agenda más amplia de seguridad vehicular que establezca estándares mínimos también para vehículos pesados, transporte público y, particularmente, motocicletas y otros vehículos de dos y tres ruedas. Prevenir muertes, lesiones y discapacidad es primordial, sobre todo porque con ello podemos disminuir costos con carga para las familias, así como la presión enorme para nuestro sistema de salud".

«La seguridad vial debe asumir la categoría de política de Estado prioritarias y alejarse de las banderas partidistas, pues las muertes por siniestros viales son completamente prevenibles y evitables cuando se toman decisiones respaldadas por la evidencia», afirmó Andrés Atayde Rubiolo, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. Al señalar que en entornos urbanos ocho de cada diez fallecimientos corresponden a usuarios vulnerables como peatones, ciclistas y motociclistas, Atayde Rubiolo enfatizó la urgencia de fortalecer la implementación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Para lograr la meta de cero fatalidades —tal como ya ocurre en referentes internacionales—, hizo un llamado al Poder Legislativo a asumir su responsabilidad clave mediante un ciclo continuo de medición de datos, reformas legales, asignación de presupuesto estratégico y evaluación constante de resultados, concluyendo que «la seguridad vial no debería dividirnos, sino convocarnos» para proteger la vida e integridad de las y los ciudadanos.